SEGURIDAD DEMOCRÁTICA VS. VIOLENCIA INSTITUCIONAL

La violencia institucional es la excusa, el pretexto del Estado para ejercer el control sobre la criminalidad, asociada a los aparatos de control y de sanción sobre la sociedad. Porque ese verdadero “control social” se ejerce sobre las poblaciones vulnerables, con gran eficacia simbólica por la categorización que tiende a desacreditarlas.

En el Uruguay actual se observan pocas innovaciones pero la diferenciación radica sobre todo, en una restauración discursiva y material en el plano político para encuadrar la problemática de la violencia institucional. Asociado a esto, desentrañemos el vínculo entre estos problemas y las transformaciones policiales.

En los últimos años podemos clasificar tres etapas de la gestión policial: en el 2005 al 2010, las propuestas llegaron desde arriba y de afuera, procurando mecanismos de contralor, la humanización del sistema penitenciario, todo imbuido de valores provenientes de los Derechos Humanos (DDHH). Pero no se lograron las reformas. Fue el momento en que la política criminal fue menos regresiva.

La segunda etapa, después de 2010 se implementó un modelo vertical, con una centralización operativa, se sucedieron los megaoperativos, la videovigilancia, la creación de la Guardia Republicana, que tuvieron importantes implicancias en la violencia institucional. Estas lógicas se dieron también en el resto de los países de la región.

En la tercera etapa, se desmantelaron las mesas de convivencia y desde 2016, se pasó a un modelo más punitivista (prejuzgamiento sobre sectores sociales vulnerables), donde la participación de la población pasa por la denuncia. Con ese modelo sancionatorio, se le da el “golpe de muerte” a las penas alternativas. No se logró generar esa pedagogía en los 15 años de gobierno frenteamplista. Ahora la Derecha lo va a hacer mejor, y con los mismos malos resultados.

En criminología, la “Teoría de las Ventanas Rotas” (Broken Window) sostiene que para prevenir el vandalismo hay que arreglar los problemas cuando aún son pequeños. El alcalde republicano Rudy Giuliani (hasta hace poco, abogado del entonces presidente Donald Trump), adoptó también esta medida, de manera más firme, en Nueva York, desde 1993, bajo los programas de "tolerancia cero": Giuliani hizo que la policía fuera más estricta con las evasiones de pasaje en el metro, detuvo a los que bebían y orinaban en la vía pública, y a los "limpia parabrisas" callejeros. Este modelo le generó mucho marketing al alcalde, y se aplicó en nuestro país en clave uruguaya, con la filosofía del PADO (más vigilancia, mucha disuasión, mucho control). Pero los resultados fueron muy dudosos porque el delito se desplaza y el más violento no se reduce.

Se puso en práctica la focalización estigmatizante: el PADO (Policía de Alta Dedicación Operativa), que se presentó como una respuesta eficientista pero en realidad, fue más cruel en los lugares populares, señalados como áreas criminalísticas, las denominadas “zonas rojas”.

Se comenzó con el capítulo oscurísimo de la gestión del Frente Amplio: fue la época de la llegada de la Guardia Republicana (la policía militarizada), a los centros penitenciarios. Desde algunos sectores sociales se intentó una edulcorización de esta medida, un verdadero cuento infantil desde la perspectiva de los Derechos Humanos. Entonces la expansión de la lógica represiva, expandió el delito.

Ahora tenemos una política de continuidad pero empeorada, porque este nuevo gobierno emprende acciones que el Frente Amplio no tuvo el atrevimiento de realizar. La LUC (Ley de Urgente Consideración) nos coloca en un escenario más adverso aún.

Para contrarrestar todo esto hay que robustecer el discurso crítico, darle forma política. Hay un desafío de investigación donde se vaya recuperando las voces de las víctimas de la violencia institucional. Porque sus demandas son desconocidas. Discurso, conocimiento y comunicación: los tres desafíos más urgentes ante el avance regresivo en este Uruguay. Pero desmontar lo que se está armando tiene costos políticos y genera la obligación de seguir generando alianzas, abrevando de las experiencias de acumulación en el campo social (No a la Baja, No a la Reforma).

Se necesita el desarrollo del diálogo, discursos que generen alianzas y puentes, porque el discurso garantista suena elitista y parece alejado de la realidad, resulta abstracto al ciudadanos común. Requiere incorporar a la seguridad en clave de DDHH.

El tema de la alternatividad donde Uruguay había conseguido algunos desarrollos interesantes (libertades vigiladas, por ejemplo) se han producido retrocesos. Ahí existe un espacio para desarrollar.

El ajuste de cuentas se usa en muchos países. La violencia institucional se la disfraza como “ajuste de cuentas”, cuando existen casos dudosos donde en realidad constituyan experiencias de represión policial.

El campo social está más débil para resistir el embate de la política punitivista. Pero existen estrategias que se han desarrollado, que han tenido impacto en la sociedad como señalábamos antes, y es deseable que se implementen algunas, ante la necesidad de una real reforma policial que implique modificar prácticas, algunas lógicas, en un marco de seguridad democrática.