¿CÓMO SOMOS TAN GILES PARA CREER QUE MAYOR VIOLENCIA VA A SOLUCIONAR LA VIOLENCIA?

Prende muy fácilmente la idea que con mayor represión, el crimen disminuye; con militares en la calle, con aumento de las penas, y acciones similares. Nadie se hace la pregunta tan simple de ¿en qué lugar funcionó esa metodología? Porque no podemos creer que estamos inventando algo. En ningún parte del mundo ha funcionado ni los militares en la calle ni el aumento de las penas, todo lo contrario, han incrementado los problemas. Veamos.

Pensemos un poco, a ver: tenemos a Estados Unidos, el ejército mejor armado del mundo (no creo que haya dudas al respecto) pero no sacan los militares a las calles pese a que tienen graves matanzas bastante seguidas y zonas de inseguridad muy importantes, ¿son giles entonces? La militarización de las calles no resuelve la criminalidad y en algunos países, ha provocado el repunte de la violencia. Si no analicemos las experiencias de México y Brasil, donde miles jóvenes desaparecieron tras redadas militares. En México, los primeros en morir cuando salen los militares a las calles son los inocentes, los chicos jóvenes de barrio y para justificar esas muertes dicen murió un sicario, murió una narcotraficante, murió un asesino y en realidad, son estudiantes, trabajadores o simples drogadictos, que consumen pero sin ejercer violencia alguna contra otros. La presencia del ejército mexicano en las calles ha incrementado la violencia, no la ha disminuido; como tampoco han disminuido el narcotráfico, los homicidios, las detenciones arbitrarias, el desplazamiento forzado, ni la tortura. Está probado que en ningún país ha funcionado el hecho de sacar al ejército a las calles, eso solo llena de temor y hace que la gente tenga miedo de vivir en libertad.

También el ex Alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, quien es famoso porque habría mejorado la seguridad con mayor represión en esa importante ciudad estadounidense y a quien han consultado sobre todo políticos de derecha, y algunos socialdemócratas (el venezolano chavista y anti-chavista Alfredo Peña, el dominicano Mejía, la peruana Keiko Fujimori, el mexicano López Obrador, los uruguayos Novick y el Ministerio del Interior del Frente Amplio). Si, Rudolph Giuliani, quien por esa labor ha sabido cobrar millones de dólares a gobiernos latinoamericanos, pero su estrategia «cero tolerancia», desencadenó una guerra contra los marginados (los “sin techo”, desposeídos, homosexuales, prostitutas, drogadictos) y a favor de poderosos intereses financieros. Si es Giuliani es tan fenómeno en la materia, ¿por qué su metodología no se implementa en todo Estados Unidos? ¿Son tan giles estos norteamericanos? En realidad, este ex-alcalde dejó en la ruina a la ciudad de Nueva York y otorgó concesiones ilegítimas, entre cuyos beneficiarios de estos fraudes en Nueva York fueron el Citibank, Zuckerman (el magnate de los bienes raíces), Hank Greenberg (el zar de los seguros), y el propio Giuliani. Ahora es abogado de Trump, a quien defiende en el tema de la ayuda rusa para que ganara las elecciones este impresentable mandatario. Pero no asesora en materia de seguridad, ¿extraño?

La delincuencia organizada no es un asunto de maldad intrínseca, es un mercado. Funciona, por lo tanto, bajo esos mismos principios, salvo que la clandestinidad es la que le permite el recurso a la violencia abierta. Combatirlo con violencia no solo no lo resuelve, lo fortalece. Cuando dejamos a miles de personas sin educación formal, carentes de cobertura médica y sus ingresos provienen de la informalidad, estamos generando un polvorín. A esa violencia social es necesario combatirla con contextos urbanos sociales que provean políticas transversales, para lograr la tan ansiada integración, ya sea como intención social o por conveniencia, de última.

Otra de las soluciones que se agitan es “aumentar las penas para los delitos”. El Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Juan Manuel Petit, enfatiza que ello “significa cárceles más colapsadas de lo que están hoy. Y cárceles colapsadas y que no cumplan con su rol educativo implican más inseguridad", afirma. Casi el 70% de la población reclusa reincide en el delito. Debido a esto, ampliando esta deficiencia importante en materia de seguridad que comprende el sistema penitenciario, por sus importantes dificultades, como el hacinamiento extremo en las cárceles, que impide la necesaria separación entre los detenidos por delitos menores y los detenidos por delitos graves, el alto porcentaje de reos sin condena que se encuentra en los penales y las deficiencias en el trabajo de rehabilitación. El sistema penitenciario uruguayo se haya completamente desbordado, ronda las 11 mil personas privadas de libertad. Resulta imposible gestionar penales con miles de personas, entonces que los hechos de corrupción en los funcionarios que deben atender a los presos, se normaliza, así como son moneda corriente la tortura, deshumanización y lucha por la supervivencia. La carencia de educación, así como de otras políticas sociales, desatención sanitaria, la corrupción, la violencia, las adicciones y la explotación (porque algunos trabajan) son las condiciones que caracterizan a las cárceles uruguayas. Un informe sobre Privación de Libertad y Reinserción Social en Uruguay, elaborado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) y el Banco de Desarrollo de América Latina indica "hacinamiento crítico, ocio compulsivo y niveles de violencia sin precedentes" en las cárceles de nuestro país, que muestran la "mayor tasa de homicidios”. Y concluye que el sistema "no es capaz de proveer los patrones de conducta necesarios para no volver a incurrir en delitos". Estas situaciones tienden a distorsionar las funciones de dichos recintos, que son las de castigar de manera proporcional al delito cometido y rehabilitar a personas que deben volver a convivir con el resto de la sociedad, pero en las condiciones actuales solo logran reciclar el delito.

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